Según expresa el comunicado enviado por el sector de prensa de la UCR de nuestra capital, esto seria para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Entonces surge una reflexión y un interrogante, si no pueden mejorar la calidad de vida de los vecinos que ya se encuentran dentro de ejido urbano los cuales están sufriendo desde hace tiempo los inconvenientes con las cloacas, la falta de recolección, el mal estado de las calles por la falta de inversion, las calles anegadas por las lluvias, ¿como van a mejorar la calidad de vida de estos vecinos? 
El comunicado expresa:
Cambiemos presentó un proyecto de ley para expropiar tierras y urbanizar villas y barrios populares en todo el país. Los barrios de Santa Cruz que serán inicialmente parte de este programa son de Río Gallegos. Se trata del barrio Marina, Madres a la lucha, Bicentenario 1, Extensión bicentenario y los Lolos.
Paritaria Docente: “Hicimos una propuesta superadora que logra empezar a recomponer el poder adquisitivo de los salarios” - El gobierno provincial realizó este sábado una nueva oferta de recomposición salarial a los representantes… Ver nota >El proyecto propone varias medidas para la nueva etapa del programa. Dos de las principales son por un lado, declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles que componen el Registro Nacional de Barrios Populares y, por otro lado, suspender los desalojos por dos años.
Eduardo Costa y Roxana Reyes explicaron que este proyecto impulsado por CAMBIEMOS busca mejorar la calidad de vida de los vecinos y es un paso firme hacia la integración real y definitiva. Los legisladores aseguraron que esta iniciativa va más allá que la obra de infraestructura en sí, tiene que ver con derechos muy básicos que tenemos todas las personas y que el Presidente quiere que tengamos todos.
“Es un paso muy importante enmarcado en la política que tiene el Gobierno Nacional que es la lucha contra la pobreza. Esta iniciativa significa que estamos caminando hacia una mayor igualdad, integrando esos barrios a las ciudades a las que pertenecen, dándole la posibilidad, por primera vez en la historia, a esos habitantes de acceder a un título de propiedad de la vivienda en la que viven”, sostuvo Costa.
Por su parte, la Diputada Roxana Reyes remarcó que este proyecto es un nuevo paso en un programa que empezó hace dos años con la intención de conocer la realidad de los asentamientos populares y avanzar en la integración social y urbana de los barrios: “Se realizaron relevamientos y registros de los asentamientos de todo el país, de las familias y los servicios que hay en cada lugar, para evaluar las condiciones de cada zona y elaborar el plan de trabajo.”
Reyes sostuvo que “Vamos a urbanizar las villas y los barrios populares de todo el país y para eso se realizó un censo y un estudio pormenorizado de todos los asentamientos que existen.”
Proyecto
El proyecto de ley se denomina “Régimen de integración socio urbana y regularización dominial” y fue presentado en la Cámara de Diputados con la firma de los presidentes de cada uno de los bloques que integran Cambiemos (Mario Negri, Nicolás Massot y Elisa Carrió); y fue consensuado con el Poder Ejecutivo Nacional.
Esta norma busca declarar de utilidad pública y avanzar con la expropiación de las tierras donde se levantan 4.228 barrios precarios en todo el país con el objetivo de darles el título de propiedad a sus habitantes. Se estima que se alcanzará la urbanización de las villas de emergencia donde habitan actualmente 3,5 millones de argentinos.
“Este programa impulsa que cada vecino pueda regularizar su situación y tenga derechos que le permitan integrarse de manera plena a nuestras ciudades. Es parte de un programa que ya estamos llevando adelante para extender los servicios básicos hacia estas zonas y mejorar la infraestructura de cada localidad”, sentenció Costa.
La iniciativa sostiene que sólo serán alcanzados los barrios que ya fueron anteriormente relevados e identificados en el RENABAP a la fecha de entrada en vigencia de la ley y cuya propiedad no sea del Estado Nacional. Además, el proyecto plantea que sólo actuará como sujeto expropiante la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
