Se aplicaría a las operadoras petroleras y mineras. Se destinaría a paliar la emergencia alimentaria, sostener merenderos y comedores populares y a emprendimientos de la economía popular y familiar.
GÜENCHENEN: “LOS AFILIADOS APROBARON DE MANERA UNÁNIME LA 10ma MEMORIA Y BALANCE CONSECUTIVA DEL SINDICATO PETROLERO” - Por unanimidad, los afiliados dieron su beneplácito al acto de fiscalización y control de lo… Ver nota >La propuesta fue presentada por el diputado truncadense Miguel Farías en la sesión que la legislatura provincial realizó en la localidad de Gobernador Gregores.
Farías sostuvo que “pedimos crear un Fondo Social de Emergencia mediante un aporte de carácter extraordinario que paguen las empresas petroleras y mineras que explotan recursos naturales santacruceños y que ese Fondo sea destinado a financiar las necesidades más urgentes que tienen miles de familias en Santa Cruz”.
“Nuestro espacio es muy crítico en relación con la inacción del gobierno provincial en varios aspectos pero, sin lugar a dudas, el panorama social en nuestra provincia es desolador. Y no nos quedamos en el cuestionamiento solamente, por eso estamos presentando ésta propuesta concreta para que los sectores que más ganan contribuyan con los que menos tienen” agregó el diputado provincial.
En la misma dirección, Farías graficó que “es tan grande la necesidad existente que si las empresas petroleras ponen el uno por ciento de la inversión que han comprometido en Santa Cruz y las empresas mineras aportan un dos por ciento de sus saldos exportables, podríamos reunir un Fondo muy importante para la emergencia social que se vive en todo el territorio provincial”.
El legislador provincial finalizó afirmando que “los últimos datos oficiales nos dicen que uno de cada tres santacruceños se encuentra en situación de pobreza y de vulnerabilidad extrema, es indignante que algo así pase en un territorio con enormes recursos económicos al alcance de la mano”.
La propuesta plantea cobrar un aporte extraordinario, por única vez, equivalente al uno por ciento de la inversión comprometida por las empresas petroleras en la última extensión de sus contratos; un dos por ciento sobre los saldos exportables al 2021 de las empresas mineras y, también, un dos por ciento sobre la masa coparticipable provincial una vez descontados los fondos correspondientes a municipios y comisiones de fomento.
