Se desconocen las acciones de mitigación, los montos y las garantías del plan de cierre de mina que la multinacional minera Triton ha presentado, y si la autoridad de aplicación, la Secretaría de Minería de Santa Cruz, se ha hecho presente para llevar adelante inspecciones, verificaciones y controles.
Es de público conocimiento que la etapa de cierre de mina, es más que relevante, ya que se debe recuperar el lugar donde se desarrolló la extracción, al estado previo a la explotación minera.
Al ser un recurso natural no renovable de propiedad santacruceña, se deben plantear de manera urgente la delimitación de responsabilidades de esta operadora minera y si existe connivencia de la autoridad de aplicación frente a la existencia de graves consecuencias ambientales que van en contra del principio precautorio y de prevención.
La comunidad gregorense ha quedado a la deriva, su actividad económica, comercial e industrial, dependía en más de un 80% de su nexo con la actividad minera.
Cerrar una mina también implica generar acciones sostenibles de política pública para revincular actores que dependían del emprendimiento minero, y no dejar a la deriva a comerciantes, empresarios y trabajadores de la localidad que siguen apostando al desarrollo local.
Una vez más, el pueblo de Santa Cruz es destratado y sometido a prácticas económicas y financieras que impactan negativamente en su bolsillo, una vez más las empresas multinacionales maximizan sus ganancias y pactan con el poder central fideicomisos, donaciones, y dádivas donde las comunidades no participan y las municipalidades siguen desfinanciadas.
Debemos generar de manera inmediata un plan de desarrollo local y productivo para Gregores que reactive sectores que han sido golpeados económicamente por el abandono minero y el gobierno provincial.
Debemos apostar a la planificación estratégica de la producción minera sostenible, controlada, donde nuestros jóvenes y pobladores del interior puedan insertarse y capacitarse para mantener sus empleos en el tiempo, y no depender de decisiones foráneas y de la mala administración del recurso por parte del gobierno provincial.
