LA MISIVA. Comunicado a los medios denunciando las graves irregularidades en la Justicia Federal de Santa Cruz
A los medios de comunicación y a los ciudadanos santacruceños:
Habiendo tomado estado público una causa penal armada falsamente en mi contra, por información filtrada evidentemente por alguna dependencia de la Justicia Federal de
Santa Cruz, me veo en la obligación de salir públicamente a denunciar esta campaña sucia y persecución utilizando el sistema judicial para cubrir o justificar el incumplimiento de los deberes de la Secretaria Electoral dependiente del Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo del Dr. Claudio Marcelo Vázquez.
Sin entrar en detalles por las permanentes trabas y decisiones arbitrarias que dificultaron todo el proceso electoral en trámite ante el Juzgado Federal de Río Gallegos a cargo
del Dr. Claudio Marcelo Vázquez, el pasado 22/07/2023 en ocasión de intentar realizar la
presentación de las boletas testigo correspondientes a la localidad de El Calafate, sucedió una situación completamente insólita, como fue el rechazo de recibir la misma, por parte de la Sra. Secretaria Electoral Dra. María M. Campos Álvarez, generando así una incómoda situación tratando de explicarle que no podía negarse a recibir la presentación. En dicha oportunidad le pedí que, en todo caso, una vez recibida con el cargo correspondiente, que me fuera devuelta con la constancia de que no se había alcanzado el número suficiente de boletas.
Fue así que a pesar de mis intentos de explicarle la gravedad de su conducta, la Secretaria Electoral, Dra. Campos Álvarez, me devolvió la presentación de las boletas
testigo correspondiente a la localidad de El Calafate, de palabra y negándome en la cara que las habían recibido, sin providencia que rechace formalmente la entrega de boletas por cuestiones de forma, y más grave aún, sin ninguna constancia por escrito del rechazo o devolución, negándome poder acreditar que por lo menos había intentado realizar una presentación incompleta o defectuosa y que se me había rechazado. Así se vulnera, además, el derecho del suscripto a ejercer debidamente su rol como apoderado del Lema “Cambia Santa Cruz” dentro del proceso electoral en curso, dejándome en un estado de indefensión absoluta, ya que me negó lo más básico y elemental que es una constancia por escrito del rechazo o devolución de la mencionada presentación.
Luego, en el trámite del Recurso de Apelación interpuesto para defender los intereses de mis representados, tomo conocimiento que la Sra. Secretaria Electoral había elaborado un informe actuarial tergiversando totalmente los hechos con absoluta mala fe y propósito
de perjudicarme, extralimitandose y abusando de su función.
Posteriormente, el 28/07/2023, el Juez Federal Dr. Claudio Vásquez, ignorando por completo mi descargo presentado el 27/07/23 planteando las graves irregularidades e
incumplimiento incurrido por su Secretaria Electoral, decide ordenar se extraiga testimonio del mencionado informe actuarial para ser remitido a la SecretarÌa Penal del Juzgado Federal a su cargo, a fin de que se investigue la posible comisión de delitos.
Lo insólito y asombroso de todo esto, es que el hecho, totalmente tergiversado de mala fe por la Dra. Campos Álvarez, consistió en realidad en un entredicho o simple reclamo efectuado por mi parte, ante la flagrante falta cometida por la funcionaria judicial, que en
todo caso, es el ˙nico hecho con entidad o relevancia suficiente que podrÌa dar lugar a una
Investigación penal por los delitos de por abuso de autoridad y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público, y m·s grave aún, por falsedad ideológica, con abuso de su función en la elaboración de un informe actuarial que obviamente carece de objetividad, imparcialidad o neutralidad.
Ello así, cuando todavía no salía de mi asombro e incredulidad por la formación de una causa penal en mi contra, por el sólo hecho de haber efectuado un reclamo a una
funcionaria judicial que estaba actuando con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, este viernes 04/08/23 me notifican que se dispuso “la prohibición de cualquier tipo de comunicación y por cualquier vía” con la Dra. María M. Campos Álvarez, a la que se califica además como “damnificada”. En ocasión de notificarme, pude tomar vista de la parte pertinente de la resolución que ordena la mencionada medida, observando que fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal, pretendiendo basarla en la Ley N° 26.485.
Resulta lamentable y repudiable el uso banal y distorsivo del marco legal vigente en materia de violencia de género, para que se dicte una medida cautelar tan ridícula y
absurda como esta, como si existiera una relación personal de maltrato permanente o reiterado hacia la Secretaria Electoral Dra. Campos Álvarez, con quien sólo he tenido un trato respetuoso como apoderado de la Coalición Cívica ARI Santa Cruz, por los trámites relacionados con dicho partido o con los procesos electorales como el que est· en curso.
Parece necesario que hay que recordarle al representante del Ministerio Público Fiscal Dr. Julio Zárate que el concepto de violencia de género expresa la existencia de una
Relación desigual de poder, que se ejerce con la intención de manipular, controlar y someter. Y preguntarle, en este caso, cuál sería la relación desigual de poder ejercida con la intención de manipular, controlar y someter? Todo esto parece una gran sobreactuación que roza lo ridículo.
Por otra parte, en la notificación de la medida se nombra a la Dra. Campos Álvarez como “damnificada”, reflejando un evidente prejuzgamiento y parcialidad. Ni siquiera se tuvo el cuidado de anteponer la palabra “presunta”. Cabe resaltar además que, la mencionada Secretaria Electoral, admite en su informe no haber recibido la totalidad de la documentación que el suscripto intento presentar el día 22/07/2023, incumpliendo con su obligación como funcionaria pública y operadora de la justicia.
A su vez, en el audio que acompañe como prueba de defensa en sede penal, ante mi desconcierto y pedido de alguna constancia por escrito del rechazo o devolución de la presentación, la Dra. Campos Álvarez expresa categóricamente que: “… No le voy a recibir algo que no cumple los requisitos”;
“…no, no lo presenté, porque estoy de acá para allá -en referencia al otro lado de la mesa de recepción- y no se lo recibimos, o sea que nunca lo llegue a presentar”; “…no se lo voy a recibir, nada más”; incumpliendo los deberes establecidos por el Reglamento para la Justicia Nacional y vulnerando todos los derechos y garantías constitucionales del debido proceso, defensa en juicio y principio de buena fe procesal.
La forma en que se ha armado la causa penal en mi contra, da lugar a interpretar que es una estrategia para cubrir o justificar la falta cometida por la Sra. Secretaria Electoral Federal, pareciendo inclusive una especie de defensa corporativa por los vínculos de
relación o funcionales existentes en la Justicia Federal de Santa Cruz. La actuación del Juez Federal Dr. Claudio Marcelo Vázquez también resulta cuestionable, en tanto los hechos mencionados se vinculan directamente con actos irregulares cumplidos en el ámbito de su competencia y por personal a su cargo y bajo su responsabilidad. En este marco y dada la gravedad de la irregularidad y extralimitación que constituye realizar un informe actuarial -en calidad de funcionario público- donde en vez de dejar constancias de hechos
objetivos y de manera neutral, se realizan manifestaciones sobre estados subjetivos y calificaciones de conductas, sumado al incumplimiento de los deberes y funciones de la Secretaria Electoral Dra. Campos Álvarez, ya descripto precedentemente, entiendo que todo ello pondría dar lugar a la intervención del Consejo de la Magistratura de la Nación en ejercicio de su función disciplinaria, tanto respecto a la nombrada como al Sr. Juez Federal Dr. Claudio Vázquez, sin perjuicio de la actuación penal de oficio.
El sistema judicial no puede ser usado para disciplinar conductas, solamente porque incomoden a algún funcionario. Es inadmisible que desde el Poder Judicial se pretenda dar este mensaje, que los ciudadanos debamos tener miedo a ser perseguidos penalmente
por defender nuestros derechos, por exigir o reclamar a los funcionarios públicos que cumplan con sus deberes, como lo hice en este caso, a una funcionaria judicial.
Resulta contrario a todo nuestro ordenamiento jurídico considerar que reclamar o discutir con un funcionario público, pueda dar lugar a una persecución penal. Ello solo
puede suceder en regímenes dictatoriales como el imperante en Venezuela, por ejemplo, en donde no existe el estado de derecho. ¿En dónde quedan los principios republicanos, si cualquier manifestación de un funcionario público que se sienta ofendido por cabérsele hecho un reclamo en ocasión de sus funciones, puede hacer que genere como consecuencia una causa penal en contra del ciudadano que se haya atrevido a cuestionarlo?
JOSE LUIS JANEZAK
DNI 22.097.980
