Las organizaciones y personas abajo firmantes rechazamos la modificación de la Ley 26657 de salud mental, contenida en la llamada Ley Ómnibus que ha presentado el presidente Milei en el Congreso.
La propuesta “libertaria” facilita la internación involuntaria y dificulta la externación voluntaria, decisiones que quedarán a cargo de un Juez, por encima de la intervención de los profesionales que en un marco interdisciplinario puedan fundamentar la necesidad de internar o externar a un paciente.
En la actual Ley 26657 queda claro que la única justificación para internar a alguien es “la existencia de un peligro inminente” para si o para terceros. La modificación establece criterios ambiguos para internar, que un juez podría aplicar a innumerables casos que, consultados con los profesionales, no resultase ni necesario, ni conveniente internar. Se llega al punto de autorizar a internar a las infancias y adolescencias por consumos problemáticos, contra su voluntad, incumpliendo también con la ley 26061.
GÜENCHENEN: “LOS AFILIADOS APROBARON DE MANERA UNÁNIME LA 10ma MEMORIA Y BALANCE CONSECUTIVA DEL SINDICATO PETROLERO” - Por unanimidad, los afiliados dieron su beneplácito al acto de fiscalización y control de lo… Ver nota >La ley de salud mental denomina usuario/a, a quien recibe atención por temas de salud mental y la ley ómnibus elimina ese concepto. Seria un retroceso en el sentido de dar lugar a paradigmas de control y vigilancia, por sobre espacios ya conquistados de miradas de protección y cuidados hacia las personas con padecimiento mental.
La ley 26657 privilegia la interdisciplina en el abordaje de las situaciones de salud mental para las internaciones involuntarias, siendo este el último recurso terapéutico donde es indispensable una evaluación integral y el mínimo de dos disciplinas que consideren esta acción necesaria. Se da lugar a otros saberes en materia de salud mental, teniendo una mirada y análisis más integral de las situaciones, complejizándolas y así superando modelos médicos hegemónicos.
La libertad es un derecho humano esencial incluido en tratados internacionales que obligan a nuestro país, y no deja de ser paradojal que se llamen “libertarios” quienes atentan precisamente contra la libertad ambulatoria de personas aquejadas por una enfermedad mental.
La contrarreforma habilita la creación de centros especializados (discriminatorios) volviendo a la figura del manicomio en lugar de atender a los pacientes de salud mental en los hospitales generales como a cualquier otro paciente que sufre, tal como establece la ley vigente 26657.
La ley vigente se conoce vulgarmente como la “nueva ley” de salud mental, pero en realidad no es nueva ya que tiene 13 años de vigencia y en provincias como Santa Cruz no se aplica en su totalidad. Se trata de hacerla cumplir sobre todo en sus avances en la protección del paciente en lugar de retroceder a criterios denigrantes y perimidos como los que propone esta contrarreforma.
Al gobierno de Alicia Kirchner hubo que presentarle amparos judiciales para que comenzara a aplicarse la ley de 26657 en el aspecto de que las guardias de atención en salud mental funcionen en los hospitales. Sin embargo, nunca se habilitó un sector para internación de pacientes afectados por una dolencia psíquica en los hospitales y en los hechos el único centro que funciona es el servicio de salud mental en Río Gallegos, que tiene una escasez dramática de profesionales, lo que dificulta sensiblemente la atención y los resultados de dichas prestaciones.
Una derivación de la “contrarreforma” que trae la ley ómnibus, es la proliferación de centros privados especializados, lo cual funciona como un gran negocio orientado a las clases pudientes de la Argentina.
La salud mental, hace ya muchos años y a partir de la profunda crisis económica que transita nuestra provincia, se convirtió en una cuestión de falta de oportunidades y accesibilidad, deviniendo en una cuestión de clase, acudiendo la población que así lo puede afrontar a profesionales en el ámbito privado por el colapso de lo público, mercantilizando la salud, aspecto que se reforzaría si se avanza con las propuestas que realiza la ley ómnibus.
El caso de Santa Cruz es el de una problemática directa de salud pública y por eso reclamamos a las nuevas autoridades provinciales (que no han fijado posición sobre el tema) la previsión de los fondos y los profesionales para hacer realidad los preceptos de la ley 26657. Asimismo, solicitamos el rechazo taxativo de los diputados y senadores de Santa Cruz al proyecto de Ley Ómnibus especialmente en los artículos en que se pretende eliminar los avances que ha implicado la Ley 26657 en cuanto a derechos humanos básicos de las personas que padecen y a la no discriminación de los mismos.
Miguel del Pla Partido Obrero
Mariela Gamboa Minoría CTA Santa Cruz.
Ana Redona ( DDHH)
