La titular de la cartera social de Santa Cruz, Paola Vessvessian, mantiene una agenda de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires donde firmó un convenio que busca garantizar la cobertura alimentaria. Además, en ese contexto, concretó un encuentro con Ministros de Desarrollo de distintas provincias, quienes manifestaron su descontento ante la actual crisis nacional.
Vessvessian, efectivizó este mediodía en la ciudad de Buenos Aires la firma de un convenio con Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 2018 por un total de $9.084.559,82. El mismo tiene como objetivo garantizar la cobertura a familias en situación de vulnerabilidad por medio de la Tarjeta Social.
Con varios pedidos de los vocales activos y pasivos, se realizó la quinta reunión del Directorio de la CSS - El miércoles pasado se realizó la quinta reunión del Directorio de la Caja de Servicios… Ver nota >Con esta prestación, se garantiza la cobertura Alimentaria a más de 5 mil familias santacruceñas, abarcando cada grupo familiar y contemplando –inclusive- aquellos que cuenten con titulares de derecho con celiaquía con la inversión total de fondos hasta el mes de diciembre de 2018.
LIGA MINISTROS ANTE LA CRISIS SOCIAL NACIONAL
Además, en el marco de las reuniones de trabajo mantenidas en Buenos Aires, Veesvessian participó de un encuentro con Ministros de Desarrollo Social de las provincias de Tucumán, La Rioja, San Juan, Salta, y La Pampa. En ese contexto, los titulares de las carteras unificaron criterios de trabajo y establecieron una agenda social en común, como resultado de la profunda preocupación ante la crisis económica y social que atraviesan diferentes sectores de la población de todo el país.
En tanto, los Ministros y Ministras resaltaron el trabajo que se vienen realizando de manera conjunta para garantizar el desarrollo social de los habitantes de las provincias representadas, reivindicando así el carácter federal que tiene el país que debería traducirse en la concepción y ejecución de políticas públicas en todo el territorio.
En la oportunidad, los funcionarios provinciales trazaron una agenda pública junto a referentes académicos vinculados a la realidad social. A continuación, compartimos los puntos salientes del documento consensuado entre los Ministros participantes:
-La crisis política y económica actual, evidenciándose en la cuestión social. Sosteniendo, sin embargo, que no son los Ministerios de Desarrollo Social quienes “resuelven” estas situaciones, sino los Modelos Económicos y su efectiva ejecución los que impactan verdaderamente en la cotidianeidad de los y las argentinos/as.
-La preocupación sobre el ajuste que viene impulsando el gobierno nacional, que recae –sobretodo- y con mayor impacto en los sectores más vulnerables de la población.
-Los principales receptores de la demanda social son las carteras a cargo de los Ministerios mencionados, en tal sentido, resulta necesario que todas las jurisdicciones puedan acceder a las mismas herramientas y programas sin discrecionalidad.
-Es menester, en tanto, que los Ministerios de Desarrollo Social propicien redes de contención y ejecuten el gasto de modo contra cíclico con niveles de institucionalidad que eviten mayores daños.
En tal sentido, se acordaron las consecuentes líneas programáticas:
-Reincidir en el pedido a las Autoridades Nacionales del Ministerio de Desarrollo Social en la necesidad de conformar e instituir una Mesa Nacional de Ministros de Desarrollo Social que redunde en Políticas Sociales más federales a inclusivas. En este sentido, también que participen de la Ley Mesa de Emergencia Social.
-Manifestar la preocupación sobre la Asignación Presupuestaria destinada a las áreas sociales, fundamentalmente la Seguridad Alimentaria.
-Ante la pérdida de Seguridad Alimentaria y la heterogénea situación de las provincias para compensar esa situación con recursos propios, solicitar al Congreso de la Nación y el Ejecutivo Nacional que sancionen y promulguen, respectivamente, la Emergencia Alimentaria Nacional.
-La instrumentación de la actualización y sostenibilidad de los programas de transferencia monetaria para la protección y subsistencia de millones de familias vulnerables.
