El presidente de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), Guillermo Polke, criticó y rechazó el anuncio del gobierno nacional de fijar un bono salarial de 5.000 pesos para los trabajadores del sector privado. Cuestionó la manera unilateral de imponer medidas salariales, cuando el sector comercial y pyme está en crisis por las disposiciones e ineficacia de la gestión del presidente Mauricio Macri.
Servicios Públicos continúa con los trabajos en el acueducto Palermo Aike - Se recuerda y solicita el uso responsable del agua hasta normalizar el servicio en su… Ver nota >“La mayoría de las pymes no están en condiciones de pagar un bono salarial obligatorio para los trabajadores del sector privado. La situación es crítica para la mayoría de los comercios y las pymes, pero no desde ahora, sino desde hace unos años, pero desde agosto esto se ha profundizado tras las elecciones por la nueva devaluación. Por ello, no estamos en condiciones de pagar, a pesar de que los trabajadores lo necesitan con urgencia”, dijo Polke.
En este sentido, apuntó que el gobierno “no evalúa el impacto que causa este bono en las pequeñas empresas, porque no solo el impacto inflacionario ha perjudicado a todos los argentinos, sino que provocó una mayor recesión, con caídas de las ventas y es más, ha causado que no haya financiamiento a corto plazo, generando un perjuicio enorme para el sector”.
También Polke recordó que esta imposición de la administración de Macri, surge tras la mala performance en las elecciones PASO y que durante la gestión de Cambiemos, se cerraron unas 24.000 empresas.
“El gobierno nacional demanda a los empresarios que ‘pongamos el hombro’ tras la derrota electoral en las PASO y que paguemos un bono en medio de esta inestabilidad financiera a causa de uno de los peores gobiernos de la historia de nuestro país. Además, quiero recordar que durante esta era macrista se cerraron unas 24.000 empresas, y ni hablar de las personas que perdieron sus puestos de trabajo a causa de las políticas económicas. Por ello, reitero que el gobierno no puede imponerle a las empresas un sobrecosto que no podrán pagar, más allá que lo acuerden con las cúpulas. Seguramente si se impone este bono, quedará a criterio de cada empresa o comercio si está en condiciones de abonarlo o no”.
