La intención pasa por crear la figura de “transporte ilegal de personas”. La Municipalidad no tiene el poder de Policía para intervenir antes situaciones donde habría connivencia entre el chofer y una persona transportada.
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Hoy, el secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Río Gallegos, Jorge Cabezas, recibió nuevamente a representantes del sector de transporte de personas con la intención de seguir avanzando en la resolución de un reclamo que viene de meses atrás y que está relacionado con los transportes de pasajeros “truchos”.
Al respecto, el doctor recordó que “los taxistas están requiriendo la participación del Municipio y manifestándose por los mal denominados UBER. Y digo mal denominados porque en Río Gallegos no está esa empresa, pero hay personas que realizan viajes en forma ilegal o irregular”.
Cabezas comentó que esta situación “llevó a que los taxistas también se presenten en sede judicial denunciando el hecho de la posible comisión de un delito, que fue rechazada por el juez interviniente”.
Aun así, el secretario planteó que “esa actividad, que todos conocemos que se realiza en la ciudad, no está autorizada ni por el Municipio ni por Transporte de Provincia, y perjudica al sector de Transporte Público legalmente habilitado”, y seguidamente explicó que “fundamentalmente la Municipalidad puede hacer un control sobre la documentación del vehículo si se comete algún tipo de infracción, si está mal estacionado, hay exceso de velocidad, etc., todas situaciones que hacen a un tránsito ordenado, pero el poder de la Municipalidad llega hasta ahí”, apuntó.
“Es decir, podemos solicitar la documentación pero sobre las personas no tenemos posibilidad de identificarlas, menos de interrogarlas, porque el libre desplazamiento de las personas es un derecho constitucional que, obviamente, excede a la Municipalidad. Y si yo no tengo la denuncia del transportado, que de antemano estaría en connivencia con el chofer, no tengo forma de infraccionarlo, de denunciarlo. No hay un instrumento que permita al personal de Tránsito intervenir en esa situación”, explicó.
A todo esto, Cabezas contó que la situación llevó a que oportunamente se reúnan con autoridades de la Policía de la Provincia.
“Ellos sí pueden identificar a las personas que viajan en un vehículo. Aunque también llega hasta ahí el radio de acción si la documentación está al día y no hay nada extraño. Salvo que alguno de ellos (los transportados) manifieste que le está pagando al señor para que lo lleve. Eso sí sería una infracción. Pero tendría que plantearlo el denunciante, nosotros no tenemos forma de intervenir”, insistió.
De esta manera, “la Policía nos puso a disposición el 101 para que cualquier persona que se sienta afectada pueda denunciar que ese chofer está trabajando de forma irregular o contraria a las leyes vigente. Y con una denuncia de ese tipo si podríamos intervenir, verificando la infracción, pero como vemos es una situación muy compleja”, dijo.
No obstante, el secretario explicó que el tratamiento de la situación llevó a que tanto la Policía, Dirección de Tránsito y los representantes de taxis, quedaran en trabajar en adelante “sobre un proyecto de ordenanza que cree la figura del transporte ilegal de personas, para que estando tipificado esto se puedan aplicar sanciones”.
Si las infracciones son de una suma onerosa, Cabezas considera que podrían servir como elemento “de disuasión”. Es decir “si voy a ganar dos mil pesos por llevar a diez personas pero la multa me va a salir 100 mil pesos, obviamente que no le estaría conviniendo continuar con los viajes”, indicó.
Finalmente, adelantó que “la idea es elevar entonces el proyecto al Concejo Deliberante e incluir a esta actividad dentro de las faltas que previstas en el Código Municipal y disuadir a quien esté ejerciendo esta actividad de manera ilícita”.
